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BOLETÍN DE NOTICIAS 30 DE JUNIO DE 2011
EL TIEMPO
SANTOS SUSCRIBIÓ COMPROMISO DE DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991
El Jefe de Estado conmemoró hoy los 20 años de la entrada en vigencia de la Carta Política.
El documento también lo firmaron Juan Carlos Henao, presidente de la Corte Constitucional, y Armando Benedetti, presidente del Congreso, en representación de los otros dos poderes públicos.
Con la suscripción de este documento, las cabezas de las ramas Ejecutiva, Judicial y Legislativa reafirmaron el "compromiso democrático con la Constitución Política de 1991", así como con el "cumplimiento, defensa y promoción de sus mandatos".
"Su vigencia demuestra que sí es posible construir propósitos colectivos con la participación de la ciudadanía", señala el documento, firmado durante un acto que se lleva a cabo en la Casa de Nariño, con la presencia de ex presidentes, ex constituyentes, congresistas y líderes de diversas instituciones del Estado.
El acta destaca, además, que la Constitución consagró "la dignidad humana como fin primordial de la organización institucional".
"Renovamos el pacto social que le dio origen y ratificamos nuestro compromiso inquebrantable" con la Carta Política, agrega el texto.
Haremos todo lo posible para que se esclarezca el asesinato de Álvaro Gómez
En el acto, el Presidente rindió tributo al papel del asesinado líder conservador en la Constituyente de 1991.
Santos calificó el magnicidio del ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y ex candidato presidencial como "una herida abierta en la memoria de Colombia".
Y afirmó que "haremos todo lo posible" para que se esclarezcan los móviles y responsables del crimen.
Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, en Bogotá.
El Jefe de Estado exaltó el papel de Gómez Hurtado, quien, junto a Horacio Serpa y Antonio Navarro presidió la Asamblea Nacional Constituyente que dio vida a las Carta Política de 1991.
"Ellos supieron conciliar y superar las diferencias. Dieron ejemplo de talante democrático como pocas veces se ha visto en el mundo", aseguró Santos.
Respeto a los fallos de la justicia
Durante la conmemoración de los 20 años de la Constitución de 1991 el Jefe de estado rindió un homenaje a la Corte Constitucional. Destacó su "valentía, sabiduría e independencia en su misión de guardar la integridad y supremacía" de la Carta Política.
También reiteró que respeta los fallos proferidos por las altas cortes, "así no siempre se compartan".
Hace algunas semanas Santos dijo que no comparte el sentido de fallos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que, respectivamente, quitaron validez jurídica a pruebas halladas en los computadores del cabecilla guerrillero alias 'Raúl Reyes' y condenaron a la Nación por la toma guerrillera a la base de Las Delicias.
Santos, quien no hizo mención a ninguna decisión específica, dijo que aunque no comparta el sentido de los fallos los entiende como "producto de un estudio juicioso y ponderado que tiene un último objetivo: garantizar la prevalencia de los más altos principios constitucionales".
LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN LA CONSTITUCIÓN DEL 91
Error bienintencionado, dice analista, asimiló población afro a concepto de comunidades indígenas.
Tres hechos de 1991 reflejan la relación de la Nación con los negros desde la instauración de la República. Un constituyente que no fue, el director técnico de fútbol Francisco Maturana; el secretario general de la Asamblea, magistrado Jacobo Pérez Escobar, discriminado en el acto de promulgación de la Constitución, y un tema que dividió internamente a tres de las cuatro fuerzas políticas principales de la Constituyente, la propiedad colectiva de las comunidades negras. Veinte años después, dicha relación sigue siendo ambigua.
'Pacho' Maturana fue el único negro elegido delegatario, por la lista de la Alianza Democrática M-19. Él, sin embargo, renunció a su curul para poder dirigir un club en España. No se dijo que estaba defraudando a la población negra, pues no había prometido una representación por el color de piel. En realidad, su comportamiento de no apelar en la vida pública a la 'raza' seguía un patrón establecido inmediatamente después de la guerra de Independencia.
Fatigados por las clasificaciones sociorraciales del antiguo orden, los patriotas negros, mulatos, pardos y zambos decidieron, en su gran mayoría, no poner esa clasificación en las hojas de servicio que llenaban para reclamar gratificaciones de la República, como lo comprobó Clément Thibaud.
El primer antecesor conocido de 'Pacho' Maturana como delegatario, el pardo cartagenero Mauricio José Romero, vicepresidente del Congreso Constituyente de 1832, no fue como pardo a deliberar, pero abogó claramente por la igualdad, como ha mostrado Armando Martínez. Maturana pudo renunciar sin problemas porque los negros siempre han dado más peso a la 'raza' en la vida privada que en la vida pública, a diferencia de la sociedad.
La experiencia de Jacobo Pérez en la Constituyente dice mucho de Colombia. De un caserío del Magdalena, El Retén, se erigió en jurista que trabajó con varios presidentes. Liberal, aceptó ser secretario general de la Asamblea, ad honórem, por decisión suya, y cuando llegó el momento solemne del 4 de julio, Álvaro Gómez Hurtado decidió alejarlo del primer plano que le correspondía, con un argumento que a Humberto de la Calle le pareció discriminatorio, según cuenta en Contra todas las apuestas.
Indignado y furioso porque así le pagaban su dedicación y generosidad, con una distinción por el color, Jacobo les dijo a varios medios que "Constitución no hay" porque no certificaría lo que no había podido ver. La Carta de 1991 nació oficialmente el 6 de julio a la medianoche, no el 4, cuando Jacobo Pérez terminó de firmar las 180 hojas originales y el "escolio punitivo" a la discriminación para la historia. En lenguaje elegante quedó que la refrendación es del 6 de julio. Jacobo se veía a sí mismo más allá del color de la piel, y la abrumadora mayoría de los delegatarios lo veía igual, pero no faltó la aparición del rezago cultural del racismo.
Una de las consecuencias de la renuncia de Maturana fue que cuando surgió el tema afrocolombiano, la voz autorizada resultó ser la del constituyente indígena Francisco Rojas Birry, por su origen en el Chocó. En efecto, el Artículo 55 transitorio de la Constitución, que consagró la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre las "tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico", siguió el modelo indígena.
La propuesta generó muchas observaciones en la Comisión Segunda, como muestran las transcripciones, pero tras el trabajo de una subcomisión integrada por Orlando Fals Borda (AD M-19), Juan Carlos Esguerra (Salvación Nacional) y Rojas Birry fue aprobada en la Plenaria, con voto nominal. Se apartaron de la decisión mayoritaria 6 delegatarios del Partido Liberal (de 24), 6 del M-19 (de 19) y 5 de Salvación Nacional (de 11), según análisis de Manuel José Cepeda. El espíritu de la Constituyente era proteger a unas comunidades rurales de los colonos. No estaban pensando en el conjunto de la población negra, especialmente la urbana, y así lo repetían.
Los tres hechos: la no representación étnico-racial de 'Pacho' Maturana, el compromiso de Jacobo Pérez y la discriminación que sufrió, y la polémica por la propiedad colectiva rural negra, muestran que, en 1991, no hubo un cambio dramático en la relación de la Nación con los negros. Hubo un cambio simbólico con el reconocimiento de la "diversidad étnica y cultural", el positivo paso de nación mestiza a nación diversa, pero esto no tiene el alcance de un regreso al tipo de orden previo a la Independencia, en el que derechos y deberes (y castigos) de las personas tenían que ver con el color de la piel (las actualmente llamadas "ciudadanías diferenciadas").
El Artículo 55 transitorio, no obstante, marcó lo que ha pasado en estos 20 años entre la Constitución y los colombianos negros. El gobierno Gaviria creó, en agosto de 1992, la Comisión Especial que produciría el estudio previo de lo que sería la Ley 70 de 1993. En la composición de dicha comisión desapareció la rica diversidad de visiones sobre la sociedad colombiana que había en la Constituyente, y su estudio estuvo lejos de hallar lo que dos años después el ministro Néstor Humberto Martínez presentó como resultado de una investigación de campo.
La mayoría de los entrevistados opinaba que la propiedad colectiva no era propia de su comunidad y que aspiraban a la propiedad individual enajenable. "Las prácticas tradicionales de producción" eran lo que podían hacer ante la escasez de recursos, pero no definían su "cultura". Solo que no eran tontos. Si el Estado exigía tales requisitos para la titulación colectiva, no daba alternativa, y venían unos letrados a producir los documentos, pues estaba bien. Así, se han titulado cinco millones de hectáreas a cientos de consejos comunitarios (menos del 10% de la población negra), que deberían ser los depositarios de las dos curules en la Cámara y sacar bienestar de la tierra ancestral.
El Consejo de Estado, en providencia de agosto del 2010, ha puesto, por fin, algo de orden conceptual a la aplicación de la Ley 70, orden conceptual que falta en la llamada consulta previa, mecanismo que entró al ordenamiento jurídico mediante la asimilación de la población afrocolombiana a un "pueblo tribal" (Convenio 169 de la OIT), con ayuda de la Corte Constitucional. Una "inferiorización" bienintencionada, que socava el proyecto moderno de la Carta Política. Por eso, estamos en plena batalla de ideas, por la imaginación de la gente.
Acerca del autor
Daniel Mera es defensor de las negritudes, sociólogo de la Universidad Nacional y directivo de la Fundación Color de Colombia.
RELIGIONES FIRMAN ALIANZA POR LA PAZ Y AYUDA HUMANITARIA EN COLOMBIA
Por primera vez en el país distintas religiones se unirán para contribuir a la construcción de paz.
Se trata de la conformación del capítulo nacional de la Conferencia Mundial de Religiones, que se oficializará este jueves en el Capitolio Nacional con la presencia de representantes del Gobierno.
En la firma de esta alianza interreligiosa participarán representantes de las iglesias católica, anglicana, ortodoxa y menonita; del islam, el judaísmo, el budismo, las iglesias evangélicas y los hare krishna, entre otras confesiones.
De acuerdo con Francisco Duque, obispo de la iglesia anglicana y enlace entre América Latina y la Conferencia Mundial de Religiones, con esta iniciativa se busca que todas las confesiones trabajen unidas en favor de los más necesitados a través de proyectos con las agencias de Naciones Unidas y con otras entidades de cooperación internacional.
"Independientemente de las creencias particulares de cada religión, se busca que entre todos fortalezcamos la ayuda humanitaria y emprendamos obras sociales con las comunidades más vulnerables", dice Duque.
Uno de los primeros temas en los que se enfocará esta alianza tiene que ver con un plan contra el hambre y la miseria, gracias a un proyecto que se está gestionando con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Según Fabián Salazar, coordinador del Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones de la Universidad del Rosario -ente que ha venido acompañando este acuerdo ecuménico-, también se pretende contribuir a la mediación y trasformación pacífica de los conflictos y acompañar espiritualmente a las víctimas de la violencia; de igual modo, brindar asesoría y acompañamiento en acuerdos de paz y en el cumplimiento de los derechos humanos.
"Esta búsqueda de unidad en la espiritualidad demuestra que son posibles la convivencia, la solidaridad y el perdón que tanto necesita Colombia", añadió Salazar.
Olga Lucía Sierra, representante del budismo tibetano en Colombia, aseguró que esta unión marca un hito en el país. "Si seguimos con divisiones no vamos a hacer nada, van a seguir las guerras y los conflictos. Finalmente, a todos nos une la fe", comentó Sierra.
Para Ahmad Tayel, sheik de la comunidad musulmana, esta es una muestra de que en Colombia sí se puede convivir en paz pese a las diferencias. "Podemos ser amigos y hermanos siendo diferentes", afirmó.
GOBIERNO REVISARÁ PRESUPUESTO DE LA JUSTICIA
Santos escuchó durante 3 horas las solicitudes de los magistrados.
Por tercera vez, desde su posesión, el presidente Juan Manuel Santos y magistrados de las altas cortes se reunieron para debatir temas de la rama judicial. El escenario fue la Sala Plena del Consejo de Estado.
Durante tres horas, Santos escuchó los planteamientos de los magistrados que integran ese alto tribunal sobre la forma como el Gobierno puede dotar de mayores recursos a la Justicia. Santos arribó a las 3:30 p.m. al Palacio de Justicia, acompañado de los ministros del Interior, Germán Vargas, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverri.
Allí tomó nota de las cifras que preocupan a la Justicia, empezando por un déficit que este año alcanza los 250 mil millones de pesos, la necesidad de aumentar en más de un billón de pesos el presupuesto para el 2012 y los recursos que se necesitan para poner en marcha el nuevo Código Contencioso Administrativo. "Nos comprometimos a revisar el presupuesto de este año y del próximo", dijo Vargas al salir de la reunión.
Pero los magistrados propusieron que la Rama cuente con ingresos fijos. El vicepresidente del alto tribunal, Gustavo Gómez, dijo que en la reforma a la Justicia podrían plantearse entradas por los trámites notariales, de Cámara de Comercio o de lo que se obtiene por arbitrajes. Otros magistrados pidieron revisar el arancel judicial.
El presidente Santos, por su parte, les expresó la preocupación por la gran cantidad de demandas contra la Nación y el represamiento que hay en estos procesos, que calcularon en más de ocho años.
PLATA PARA LA JUSTICIA, EJE DE REUNIÓN DE SANTOS Y CONSEJO DE ESTADO
El presidente Santos se reunió con magistrados del Consejo de Estado
Durante más de dos horas, Santos se reunió con magistrados del Consejo de Estado.
Por tercera vez, desde su posesión, el presidente Juan Manuel Santos y magistrados de las altas cortes se reunieron para debatir temas de la rama judicial. El escenario fue la Sala Plena del Consejo de Estado.
Durante tres horas, Santos escuchó los planteamientos de los magistrados que integran ese alto tribunal sobre la forma como el Gobierno puede dotar de mayores recursos a la Justicia. Santos arribó a las 3:30 p.m. al Palacio de Justicia, acompañado de los ministros del Interir, Germán Vargas, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverri.
Allí tomó nota de las cifras que preocupan a la Justicia, empezando por un déficit que este año alcanza los 250 mil millones de pesos, la necesidad de aumentar en más de un billón de pesos el presupuesto para el 2012 y los recursos que se necesitan para poner en marcha el nuevo Código Contencioso Administrativo. "Nos comprometimos a revisar el presupuesto de este año y del próximo", dijo Vargas al salir de la reunión.
Pero los magistrados propusieron que la Rama cuente con ingresos fijos. El vicepresidente del alto tribunal, Gustavo Gómez, dijo que en la reforma a la Justicia podrían plantearse entradas por los trámites notariales, de Cámara de Comercio o de lo que se obtiene por arbitrajes. Otros magistrados pidieron revisar el arancel judicial.
El presidente Santos, por su parte, les expresó la preocupación por la gran cantidad de demandas contra la Nación y el represamiento que hay en estos procesos, que calcularon en más de ocho años.
EL ESPECTADOR
'Las grandes reformas no se hacen en el monte': Presidente Santos
Rechazó los actos violentos con los que las Farc buscan reformas y advirtió que no hay pretexto para la ilegalidad.
Juan Manuel Santos, rechaza los ataque de las Farc
La independencia de poderes públicos, emanada de la Constitución Política de 1991, hacen que hoy Colombia sea un país en el que no queda pretexto para la ilegalidad, aseguró este jueves el Presidente Juan Manuel Santos Calderón.
“Las grandes reformas, las verdaderas reformas, no se hacen en el monte, secuestrando, volando torres, atacando pueblos, sembrando minas, reclutando niños y asesinando inocentes. Las grandes reformas, las verdaderas reformas, ¡las estamos haciendo desde la orilla de la ley!”, expresó el Mandatario al intervenir en un evento de conmemoración de los 20 años de la Carta Magna.
El Jefe de Estado enfatizó que Colombia cuenta con instituciones fuertes y balanceadas; con Cortes independientes; con un Congreso capaz de producir leyes históricas como las que salieron la pasada legislatura; con mecanismos efectivos para proteger los derechos -como la tutela-, por lo cual no queda pretexto para insistir en las vías violentas.
Luego citó como ejemplo la recientemente sancionada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, de la que dijo: “Pagará una deuda moral e histórica con las víctimas de la violencia, gracias a la vigencia de nuestras instituciones democráticas”.
Recordó que la Constitución del 91 surgió del llamado Tratado de Paz entre el Gobierno y el M-19: “En ella terminó de sellarse la paz con el M-19 que había renunciado –en un gesto de lucidez– al camino de las armas y había optado por la vía del debate democrático”.
Otros grupos armados, como el Epl, el Prt y el Quintín Lame, abandonaron también la ilegalidad y regresaron a la vida civil.
“Es más: aparte de los 70 constituyentes elegidos, participaron en la Asamblea, con voz pero sin voto, cuatro delegatarios pertenecientes a esos grupos en proceso de desmovilización”, subrayó.
POLÍTICA ELECTORAL, BAJO LUPA
MPIEZA A REGIR LA LEY DE GARANTÍAS
Desde las cero horas de este jueves, a cuatro meses de las elecciones de autoridades locales y regionales en el país, comenzó a regir.
La Ley de Garantías prohíbe presiones a subalternos para apoyar candidaturas en los órdenes local y regional.
Una norma que propende porque las campañas de los candidatos, que irán a los comicios del próximo 30 de octubre, se desarrollen con total transparencia, sin injerencia de dineros públicos ni el apoyo de actuales gobernantes. Y la Ley –la 996 de 2005– establece cuatro prohibiciones básicas que regirán hasta el mismo día de la cita en las urnas.
En primer lugar, la ordenanza establece una tácita restricción en materia contractual, según la cual los alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas –tanto del orden municipal, como departamental o distrital– no podrán celebrar convenios interadministrativos cuando éstos impliquen recursos públicos.
Tampoco se podrán inaugurar obras públicas o programas de carácter social en presencia de candidatos a gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías o concejos municipales. De la misma manera queda prohibido que aspirantes a cargos de elección popular hagan campaña o celebren reuniones políticas en inmuebles oficiales.
La Ley de Garantías establece una suerte de ‘congelador’ a las nóminas de los entes territoriales, ya que éstas, durante los cuatro meses que rige la norma, no podrán ser modificadas. Las únicas excepciones que aplican para este inciso son cuando se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, muerte o renuncia irrevocable y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.
Finalmente, se determina una serie de faltas ‘gravísimas’ para aquellos servidores públicos que utilicen sus rangos profesionales para promover candidatos. Las principales faltas tipificadas por la Ley son: presiones a subalternos para apoyar alguna candidatura, difundir propaganda electoral a través de medios de comunicación oficiales, favorecer a subalternos que simpaticen con causas ideológicas de sus superiores y ofrecer beneficios a los ciudadanos mediante obras o subsidios para influir en la intención de voto, así como aducir razones de “buen servicio” para despedir funcionarios de carrera.
Con estas cuatro prohibiciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que velar por que las campañas de los candidatos que buscan salir elegidos a alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas el próximo 30 de octubre, se realicen en total transparencia y evitar que los actuales mandatarios departamentales y municipales, así como cualquier clase de ordenador de gasto público, pueda utilizar su poder electoral y económico para promocionar candidatos afines con sus propios intereses. Mientras tanto, la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte sobre los riesgos de la utilización de las ayudas por la emergencia invernal para fines electorales. Desde hoy las alertas están prendidas.
CUMBRE ENTRE GOBIERNO Y CONSEJO DE ESTADO
PROPONEN DESTINAR INGRESOS NOTARIALES A LA RAMA JUDICIAL
Consejo de Estado sostuvo que el arancel por esta actividad y otras, como las de las Cámaras de Comercio, pondrían fin al pulso anual por el presupuesto.
El Gobierno Nacional entrará a estudiar la propuesta elevada este miércoles por el Consejo de Estado para que la sobretasa que se cobra a los servicios que prestan notarías y cámaras de Comercio sean invertidos directamente en la Rama Judicial.
Para el presidente de la colegiatura, Mauricio Fajardo, poder contar con estos recursos sería una posibilidad clara de superar la discusión que año tras año mantienen el Ejecutivo y el Judicial por el presupuesto.
El magistrado señaló que siente la mejor disposición de parte del Gobierno para encontrar soluciones al déficit presupuestal del que sigue padeciendo la Rama Judicial y que genera obstáculos en el cumplimiento de algunas metas en materia de descongestión.
“La nueva puesta en funcionamiento del nuevo Código Contencioso Administrativo supone, respecto de los procesos judiciales que ya están en marcha, adelantar trabajos especiales que nos lleven no solo a descongestionar sino a poner la justicia al día”, sostuvo el alto jurista.
Por su parte, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, destacó los compromisos del Gobierno para ayudar a la Rama a superar estas trabas, y de ahí la bienvenida al estudio de propuestas como la presentada hoy por el vicepresidente del Consejo de Estado Luis Fernando Álvarez.
Propuso “que exploráramos la orientación de los recursos de notariado, de cámaras de comercio, de superintendencias y de oficinas de Registro, al igual que del arbitraje, exclusivamente al financiamiento de la justicia”, dijo el jefe de la cartera.
EDITORIAL
IGUALDAD Y ORGULLO GAY
El domingo pasado, en las tres principales capitales del país, más de 45.000 personas salieron a caminar pacíficamente.
Vestida con los colores del arco iris, la comunidad LGBTI salió a recorrer las calles para mostrar su orgullo y reclamar sus derechos. Y no salieron solos: estuvieron acompañados de sus padres y madres, de parejas heterosexuales y de una parte de la ciudadanía urbana que se ha vuelto menos indiferente tras haberlos visto marchar ya por más de una década. Siguiendo la costumbre, la manifestación tenía como lema una reivindicación esencial: esta vez, el matrimonio igualitario. Como ocurrió ya en otros países de América Latina, entre los que se encuentran Uruguay, Argentina, Brasil y México —y hace una semana también en Nueva York—, se discute por estos días ante los tribunales nacionales si debería un país que se autodenomina democrático y protector de las libertades impedir que un grupo de población contraiga matrimonio por el sólo hecho de no compartir la opción sexual de la mayoría.
La promesa de igualdad y pluralismo de la Constitución del 91 permitió que en la década anterior se alcanzaran algunas de las reivindicaciones más básicas: no ser tildados de enfermos o desviados, ser reconocidos como aptos para ejercer cargos de enseñanza y pertenecer a todo tipo de organizaciones, de la misma manera que lo hacen las personas con orientación heterosexual. No obstante, pese al reconocimiento de estos derechos individuales, las personas con opción sexual diversa tuvieron que esperar algunos años para que se permitiera el ejercicio de derechos de pareja; lo cual llegó, de manera incompleta, a partir de una serie de fallos de la Corte Constitucional, adoptados a partir de 2007. En la actualidad, las parejas del mismo sexo pueden acceder a casi todas las prerrogativas y beneficios de las parejas heterosexuales, como la afiliación al sistema de salud, las pensiones y la mitad de los bienes de su pareja fallecida, entre otros.
Sin embargo, esta jurisprudencia igualitaria no ha venido de la mano con una sociedad igualmente diversa y respetuosa. Las trabas para acceder a los derechos legalmente reconocidos son el pan de cada día. En el ámbito individual, en el país se vive todavía un ambiente adverso que se denota en los lamentables crímenes de odio contra homosexuales y transexuales, en su discriminación en cárceles, en el acceso y en el lugar de trabajo, por mencionar algunos. Además, los derechos de pareja alcanzados en la Corte se ven cotidianamente burlados por trabas burocráticas de no pocas EPS y fondos de pensiones. Para rematar, en múltiples casos, son los propios medios de comunicación los que ayudan a perpetuar los prejuicios, como ocurrió hace poco con una emisora de radio que de manera irrespetuosa trivializó sus reivindicaciones.
Recae en la Corte Constitucional, de nuevo, este espinoso asunto. Algunos han dicho que se trata de una cuestión de mayorías y que por eso el Congreso sería la institución más adecuada para resolverlo. No obstante, en un Estado de derecho, los derechos de las minorías y de los más débiles deben estar protegidos más allá de los debates políticos y de las cambiantes colectividades. Ahora que es época de balances, bien podríamos decir que la idea pluralista de la Constitución del 91 le ha venido bien a una sociedad que de poco en poco ha empezado a reconocer igualdad de derechos a una comunidad injustamente estigmatizada y discriminada. La Corte Constitucional puede con su decisión hacer más pequeñas las brechas. Parafraseando a un magistrado del tribunal constitucional de Brasil, que hace pocas semanas decidió favorablemente sobre la misma cuestión: “lo que el amor ha unido, que no lo separe un parágrafo”.
INMIGRACIÓN
Por: José Fernando Isaza
Colombia comparte con Sudán el deshonroso título de tener el mayor número de desplazados.
Son obligados inmigrantes internos; unos emigraron, aumentando otra característica de nuestra demografía, ser uno de los países con mayor relación de emigrantes a la población total. La diáspora interna y la externa son más del 16% de la población total. Estudios en diferentes países muestran que, desde el punto de vista económico, las remesas de los emigrantes pueden compensar el valor de la inversión realizada por el país de origen en la capacitación de la población que emigra. Se ha estudiado el impacto motivador que tiene para los estudiantes el saber que un emigrante calificado gana en el país receptor un mayor ingreso del que tendría si no emigra. Se ha encontrado que estudiantes de los países pobres tratan de culminar sus estudios para así poder emigrar como mano de obra calificada. Los anteriores beneficios no contemplan el costo humano, el sufrimiento psicológico de las familias desintegradas. Ni tienen en cuenta las dificultades y la sensación de abandono que enfrentan los hijos de los que emigran. Otro aspecto es la discriminación sufrida por quienes integran la diáspora; un autor cuyo nombre se me escapa lo expresa así: “Necesitábamos manos pero nos llegaron personas y familias”.
La otra cara de la moneda son los beneficios de la inmigración. Colombia no ha sido un país receptor de inmigrantes. Durante el siglo XIX las guerras civiles y la malaria prevaleciente en los valles interandinos eran un desincentivo a la inmigración. En esto nos diferenciamos de otros países latinoamericanos —Argentina receptor de italianos, Venezuela de españoles y portugueses, Brasil de japoneses, Panamá de chinos—. Son culturas más diversas. Una de las causas de nuestro aislamiento cultural y económico es la falta de contacto con otras formas de ver la vida, con otras literaturas, con diferentes idiomas, con otras concepciones políticas y formas de producción. Hasta bien entrado el siglo XX, con razón, nos llamaban peyorativamente el Tíbet ampliado.
No acogimos generosamente a quienes huían del terror nazi y estalinista; perdimos la oportunidad de enriquecernos con sus saberes. Adoptamos como axioma que si teníamos altos índices de desempleo, el inmigrante competiría con los pocos empleos disponibles. Se olvidó que, en muchas ocasiones, el inmigrante es un promotor de actividades productivas generadoras de empleo.
Cuando se derrumbó la Unión Soviética, si bien económicamente era un desastre, en el campo científico seguía siendo una potencia mundial. Los países atrajeron a los científicos que querían emigrar pues en la antigua URSS o no les pagaban o su sueldo era una miseria. Colombia desaprovechó nuevamente una oportunidad dorada para completar su incipiente masa de investigadores en ciencias básicas.
Al tiempo que se estancan economías avanzadas y altamente educadas, Colombia muestra índices de crecimiento y de respeto a los derechos humanos mejores que en el pasado reciente, lo cual permite pensar en una política de inmigración que nos permita atraer profesionales, artistas, artesanos que ofrezcan nuevas ideas para irnos quitando el anquilosamiento y resistencia a otras formas de pensamiento y así podamos creer que otro mundo es posible. Bienvenidas las familias con sus manos y sus cerebros.
EL NUEVO SIGLO
GOBIERNO ANALIZARÁ PROPUESTAS PARA FINANCIAR A LA JUSTICIA
La búsqueda de fuentes de financiación para la rama judicial copó la reunión que sostuvo ayer el presidente Santos con el Consejo de Estado, en cumplimiento de una invitación que le hizo el alto Tribunal para asistir a la sala Plena.
En ese sentido el Gobierno se comprometió a estudiar la posibilidad de varias fuentes de financiación que fueron propuestas por los magistrados. Así lo explicó el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, que acompañó a Santos en esta reunión en el Consejo de Estado.
Se propuso “que exploráramos la orientación de los recursos de notariado, de cámaras de comercio, de superintendencias y de oficinas de Registro, al igual que del arbitraje, exclusivamente al financiamiento de la justicia”, señaló el Ministro del Interior.
Además Vargas Lleras dijo que “se señaló también que se va a revisar el arancel judicial sobre el cual había grandes expectativas en materia de recaudo que por desagracia no dio el resultado esperado”.
Además en la cita fue abordado el tema de la descongestión de la justicia, frente a lo cual el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, dijo que “la nueva puesta en funcionamiento del nuevo Código Contencioso Administrativo supone, respecto de los procesos judiciales que ya están en marcha, adelantar trabajos especiales que nos lleven no solo a descongestionar sino a poner la justicia al día”.
Además en la reunión se tocó el tema de las condenas contra la Nación producto de las cientos de demandas que a diario se presentan.
Al respecto el Presidente del Consejo de Estado pidió al Gobierno nacional implementar buenas prácticas para evitar al máximo este tipo de demandas.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por ALFONSO GARCÍA GUTIÉRREZ
“La vida humana no se respeta y mucho menos los bienes”
POR razones de edad y de salud, hace varios meses que me he retirado de la vida pública, pero quiero volver a ella aunque sea de vez en cuando, para ayudar en el combate a la corrupción. Lo hago como periodista y columnista, no obstante que uno tiene que saber retirarse a tiempo dejando libre el espacio para quienes nos siguen en la lucha por servir los intereses del país en lo material y en lo espiritual, como verdaderos patriotas. El problema más grave de la sociedad mundial en general, y en particular de la colombiana, es la corrupción en todos los campos del Gobierno y de la economía pública y privada. La vida humana no se respeta y mucho menos los bienes. Este es el cáncer que nos carcome, incluso en la justicia que es lo peor.
La Fiscal General de la Nación ha dicho que hoy la corrupción es peor que la guerrilla y el terrorismo, lo cual es cierto si consideramos la situación de decadencia en que se encuentran ahora los grupos guerrilleros y narcoterroristas, lo que se debe sin duda alguna a la persecución del Gobierno nacional, de las Fuerzas Armadas de Colombia y de la política nacional, primero bajo la presidencia de Álvaro Uribe y ahora de Juan Manuel Santos y todos sus colaboradores. Es fundamental purificar la justicia tratando de nombrar jueces y magistrados honestos, sacando de sus funciones judiciales a quienes no lo son. Una justicia deshonesta es el peor castigo que le puede caer a un pueblo y a una democracia.
Quienes tuvimos el privilegio de no contaminarnos con la deshonestidad, cuando ejercíamos funciones públicas, tenemos la obligación de contribuir en todas nuestras actividades intelectuales y profesionales, de cooperar en la sanación del mencionado cáncer, como lo dijo la Fiscal, a quien yo considero una funcionaria competente y honesta. Es necesario que se vuelvan a crear los ministerios que fueron suprimidos en el régimen anterior, porque hace falta que actúen, con miras a reestablecer la justicia social y la salud de los trabajadores y de los ciudadanos en general.
El país tiene problemas graves que hay que resolver lo antes posible: el desempleo, bajos salarios; la mala salud; corrupción en todos los campos, principalmente en la justicia; las guerrillas y el narcoterrorismo; y volver a la democracia social y económica. La pacificación de los campos y el desarrollo ganadero son indispensables para avanzar en el desarrollo nacional
CMI
"LAS GRANDES REFORMAS NO SE HACEN EN EL MONTE, LAS ESTAMOS HACIENDO DESDE LA ORILLA DE LA LEY": PRESIDENTE SANTOS
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, al conmemorar los 20 años de la Constitución Política de Colombia, destacó la fortaleza e independencia de las ramas del poder público, que de ella se desprenden y aseguró que gracias a ello hoy en Colombia no queda pretexto para la ilegalidad.
“Las grandes reformas, no se hacen en el monte, secuestrando, volando torres, atacando pueblos, sembrando minas, reclutando niños y asesinando inocentes. Las grandes reformas las estamos haciendo desde la orilla de la ley”, expresó Santos Calderón.
El Jefe de Estado aseguró que el país cuenta con Cortes independientes; con un Congreso capaz de producir leyes históricas; con mecanismos efectivos para proteger los derechos -como la tutela-, por lo cual no queda pretexto para insistir en las vías violentas.
El presidente Santos recordó que la Constitución del 91 surgió del llamado Tratado de Paz entre el Gobierno y el M-19: “En ella terminó de sellarse la paz con el M-19 que había renunciado -en un gesto de lucidez- al camino de las armas y había optado por la vía del debate democrático, es más, aparte de los 70 constituyentes elegidos, participaron en la Asamblea, con voz pero sin voto, cuatro delegatarios pertenecientes a esos grupos en proceso de desmovilización”.
Durante el mismo evento, el mandatario de los colombianos también hizo referencia a la revelación hecha por el Dane, según la cual el desempleo se redujo en 11,3 por ciento.
“Eso quiere decir que en los 10 meses, en forma sistemática, hemos venido reduciendo el desempleo, mes tras más. Una muy buena noticia. Estamos generando empleo y empleo formal, que es lo más importante”, indicó el jefe de Estado.
CARACOL RADIO
“LAS VERDADERAS REFORMAS NO SE HACEN EN EL MONTE”: PRESIDENTE SANTOS
Un duro cuestionamiento realizó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a las acciones terroristas que están protagonizando las Farc y aseguró que en este momento en Colombia “no quedan pretextos para la ilegalidad”.
“Las grandes reformas, las verdaderas reformas, no se hacen en el monte secuestrando, volando torres, atacando pueblos, sembrando minas, reclutando niños y asesinando inocentes. Las grandes y verdaderas reformas las estamos haciendo desde la orilla de la ley” aseveró Santos.
El jefe de Estado también agregó que la mejor muestra de sus argumentos es la recién aprobada Ley de víctimas y de restitución de tierras que pagará una deuda moral e histórica con las víctimas de la violencia.
“¿Qué han hecho los violentos por Colombia, además de sembrar el terror y la miseria?, ¿cuántas realizaciones, cuántos avances, en cambio, podemos mostrar los que obramos de la única manera posible en una democracia: de la mano de la ley y la constitución?” manifestó Santos.
El mandatario también hizo un llamado a la unidad nacional para que se dejen atrás “confrontaciones estériles, pendencieras y desprovistas de contenido” con el fin de superar los odios entre los ciudadanos de un mismo país.